El Código Civil contempló por primera vez la posibilidad de otorgar la custodia compartida a los padres recién divorciados en 2005. Desde entonces, este régimen que empezó siendo minoritario ha ganado terreno, no sólo en los tribunales, sino también en el debate público. La aprobación en las Cortes de Aragón el pasado mes de mayo de la primera ley en España que establece esta modalidad como modelo preferente ha destapado opiniones a favor y en contra. El Colegio de Abogados de Gipuzkoa quiso hacerse ayer eco del interés sobre este cambio legislativo a través de una mesa redonda en la que participaron distintos expertos en derecho de familia.

Una de las personas que conocen de cerca el caso de Aragón es Altamira Gonzalo. Como abogada de familia y ex presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Gonzalo cree que, en lugar de aplicar la receta del café para todos -como propone la nueva norma-, el principio que debe primar cuando la pareja no llega a un acuerdo es el sentido común. «La custodia compartida es una situación ideal a conseguir, el corolario de una situación de igualdad en la pareja en un momento de ruptura. Cuando hay un equilibrio en el cuidado de los hijos, en el momento de ruptura lo normal es que esa dedicación siga siendo como antes, por coherencia».
Sin embargo, asegura, esa no es la situación de la mayoría de las parejas, porque, salvo excepciones, el cuidado de los hijos sigue recayendo en las mujeres. «Ellas cogen las excedencias, las reducciones de jornada, seguimos sacrificando nuestra vida profesional para el cuidado de los hijos. Cuando eso es así, lo normal es que, en el momento de una ruptura, siga siendo la madre quien se ocupe de los hijos», afirma esta letrada de Zaragoza, que también defiende la custodia exclusiva para el padre. «Cuando quien ha cuidado de los hijos es el padre, la custodia debería recaer en él. Hay que actuar con sentido común y procurar siempre el bienestar de los hijos», sentencia.
La ley aragonesa, que se aprobó en mayo y entrará en vigor el 8 de septiembre, será, a juicio de Gonzalo, «un semillero de disputas». La norma fija que la custodia compartida será el régimen preferente que se adoptará siempre que no haya acuerdo previo entre los progenitores, que deberán especificar en un plan de relaciones laborales las cuestiones materiales, el destino de la vivienda familiar, el régimen de convivencia y si ha lugar a pensiones compensatorias. Hasta la fecha, el Código Civil la contemplaba únicamente como fórmula válida de custodia en el caso de que los padres separados estuvieran de acuerdo.
La asociación Themis quiere que se plantee un recurso de anticonstitucionalidad contra la nueva ley aragonesa. El principal motivo es que creen que «puede suponer un maltrato para los niños que se vean obligados a vivir en un ambiente de hostilidad, como consecuencia de que sus padres se llevan mal y son obligados a compartir la custodia», explica. Como paso inicial, además de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito privado, sería necesario aprobar una ley de mediación familiar «para ayudar los obstáculos en las rupturas conflictivas».
«Un trozo del niño»

Para Juan José Seoane, abogado alavés, la casa también se ha empezado a construir por el tejado. «Hay que superar el modelo restrictivo recogido en el Código Civil de 2005, pero me parece una aberración que la ley imponga el modelo para todos los divorcios», afirma. Seoane coincide con Gonzalo en que la custodia compartida «es el modelo ideal», sobre todo en adolescentes, considera. «Cuando el hijo tiene autonomía, capacidad de decisión, que el hijo participe, porque ahora muchas veces los padres intentan quedarse con un trozo del niño y eso no puede ser así».
Consciente de la evolución que han experimentado los divorcios desde la aprobación de la Ley en 1981, Seoane cree que la defensa de la custodia compartida forma parte de un proceso que «debe ser alentado», pero «sin aplicar la ley del péndulo. Hemos pasado de un extremo a otro, sin recorrer el camino de enmedio», dice. Compartir el cuidado de los hijos tras una separación «es el criterio deseable, pero no puede ser el preferente, porque no se puede aplicar en todos los casos».

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