¿Tienen los menores derecho a ser escuchados en un juicio? Lo que cambiará con la nueva ley

Cuando una familia se rompe, los adultos negocian, los jueces deciden y los abogados argumentan. Pero los menores, quienes más lo sienten, con frecuencia no tienen voz en el proceso. Un nuevo proyecto de ley pretende cambiar eso de raíz.

La situación actual: la edad como barrera

La normativa española vigente reconoce el derecho de los menores a ser oídos en los procesos judiciales que les afectan. Sin embargo, ese derecho tiene una condición implícita: la edad.

A partir de los 12 años, la ley exige que el juez escuche al menor. Por debajo de esa cifra, la decisión queda en manos del tribunal, que valora si el niño tiene suficiente madurez para ser tenido en cuenta.

El problema es evidente: un niño de ocho años o de cinco también tiene una experiencia, unas necesidades y un punto de vista. El hecho de que no alcance un umbral de edad no significa que no deba ser escuchado. Significa que hay que escucharle de otra manera.

Qué propone el nuevo proyecto de ley

El proyecto de ley que analicé esta semana en Canal Málaga elimina ese umbral de 12 años. Su objetivo es claro: que todos los menores sean oídos en procesos judiciales, independientemente de su edad, adaptando el modo de escucharles a su grado de madurez y a las circunstancias concretas del caso.

Esto supone un cambio de paradigma. Ya no se trata de si el menor puede participar, sino de cómo garantizamos que lo haga de forma adecuada para él.

En la práctica, los jueces deberán explorar fórmulas como la intervención de psicólogos forenses, las audiencias en espacios adaptados o las declaraciones grabadas en entornos seguros, especialmente diseñados para que el menor no se sienta presionado ni expuesto.

Por qué esto importa más allá del divorcio

Aunque el debate suele situarse en el contexto de las separaciones y custodias, el alcance de esta reforma es mucho más amplio. Afecta a cualquier proceso judicial en el que un menor esté implicado:

• Procedimientos de protección de menores
• Causas por violencia doméstica en las que hay hijos
• Procesos de adopción o acogida
• Disputas de guarda y custodia entre familiares
• Casos de abuso o negligencia

En todos ellos, garantizar que el menor sea oído no es un trámite procesal. Es una forma de proteger su interés superior, el principio rector de todo el derecho de familia y de menores en España.

El interés superior del menor: de principio a práctica

El concepto de «interés superior del menor» lleva décadas en nuestra legislación y en los tratados internacionales ratificados por España, como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual.

Garantizar el derecho a ser oído es una de las formas más concretas y medibles de aplicar ese principio. Un juez que escucha al menor directamente, o a través de los profesionales adecuados, toma decisiones con más información, decisiones más justas y más ajustadas a la realidad de ese niño.

La reforma reconoce algo que muchos profesionales del derecho de familia llevamos tiempo defendiendo: la edad cronológica no es sinónimo de incapacidad para tener una perspectiva válida.

Qué significa esto si tienes hijos y estás en un proceso judicial

Si actualmente atraviesas una separación, un divorcio contencioso o cualquier disputa que afecte a tus hijos, hay varias implicaciones prácticas que debes conocer:

1. Con la ley actual: si tus hijos tienen más de 12 años, tienen derecho a ser escuchados por el juez. Si son menores de esa edad, puede solicitarse igualmente, y un buen abogado sabe cuándo y cómo hacerlo.
2. Con la reforma aprobada: ese derecho se extenderá a todos los menores, lo que puede cambiar el peso de ciertos argumentos en el proceso y la forma en que el juez pondera la situación.
3. En cualquier caso: la voz del menor nunca debería usarse como herramienta de presión entre adultos. El objetivo es protegerle, no instrumentalizarle.

Una reforma necesaria, pero que exige preparación

El proyecto es positivo. Pero su éxito dependerá de los recursos que el sistema judicial destine a implementarlo correctamente: formación de jueces, equipos psicosociales en los juzgados, protocolos de actuación adaptados a distintos rangos de edad.

Sin esa inversión, el riesgo es convertir el derecho a ser oído en un derecho nominal, reconocido en el papel pero difícil de ejercer en la práctica.

Manuel Rincón es abogado especializado en derecho penal y de familia en Málaga. Si tienes una consulta sobre un proceso que afecta a tus hijos, puedes contactar con Rinber Abogados sin compromiso.